Este mes fueron los que mataron a un jubilado en Córdoba y los que tiraron al piso a un abuelo en Quilmes. En enero, el colombiano que robó un teléfono en Caballito y quedó libre por 700 pesos. En diciembre, los que mataron a Matteo Villica en Loma Hermosa. En noviembre, los que asesinaron a la piloto de karting en Villa Ballester. En las crónicas policiales de cada mes siempre habrá un caso emblemático. Los motochorros siempre son noticia.
La modalidad preocupa por igual a vecinos de Capital y el Conurbano. También a las máximas autoridades en Seguridad. En la Ciudad, las estadísticas muestran que los robos de motochorros subieron un 3% en 2018, frente a un año antes y un 10 % versus 2016. Se denunciaron 11.166 casos el año pasado, más de 30 por día. En Provincia el dato no está desagregado pero según las últimas cifras oficiales en 2017 las causas por “robo” y “robo agravado por uso de arma”, que son los delitos que suelen cometer los motochorros, aumentaron un 5% y un 2%, respectivamente.
Por eso en los gobiernos porteño y bonaerense trabajan en distintas alternativas para revertir la situación. En Provincia, por ejemplo, apuestan a que este año se vote la ley para que los acompañantes en moto usen un chaleco reflectante con la patente estampada. Esa ley ya rige desde septiembre de 2017 en la Ciudad, aunque sin mayores resultados.
Las otras medidas apuntan a mejorar la prevención y las detenciones. Sin embargo, advierten que eso no alcanza. Según las cifras oficiales, el 90% de los motochorros detenidos el año pasado en la Ciudad recuperó la libertad en menos de dos días. “El 80% es reincidente”, remarcó un funcionario de alto rango.
Según datos en 2018 la Policía de la Ciudad detuvo a 188 personas en operativos contra motochorros por los delitos de “robo, encubrimiento, falsificación de documento, tenencia de droga y pedidos de captura vigentes”. De ellos, el 20% fue liberado en el momento y el 70 % fue trasladado a una alcaidía, pero liberado a las 48 horas.
“El Código Penal no depende de la Ciudad. La ley en algunos puntos se puede modificar. Pero a veces con interpretarla de la manera que demanda la sociedad sería suficiente”, dijo un funcionario del área de Seguridad. Tras casos como el de la jueza Patricia Guichandut, duramente criticada por concederle una probation de $700 pesos y liberar al motochorro colombiano atrapado infraganti en Caballito, en el Gobierno apuntaron a la Justicia. “Con decisiones como la de Guichandut es muy difícil”, había dicho Horacio Rodríguez Larreta. En un tono más conciliador, ahora admiten: “Los jueces no tienen las herramientas necesarias”.
En la Justicia no sorprende la cantidad de detenidos que son liberados a las pocas horas. “El sistema de flagrancia (vigente desde 2016) ha sido una bomba para estos casos”, dijo
un experimentado fiscal. Y agregó: “Hay 24 horas para tener la audiencia y resolver. No da tiempo de hacer un montón de cosas fundamentales”.
Uno de los problemas que acusan en la Justicia es que esa decisión de dejar detenido al sospechoso tiene que aplicarse con las pruebas y los elementos que se cuenten en 24 horas. “Para ver si hay peligro de fuga una pauta es constatar el domicilio. Ahora en Capital te piden que mandes un mail y tardan 15 horas en ir. El 80% de las veces te responden que no se constató o que no había nadie en el lugar. En Provincia, la mitad de los pedidos que mandas no vuelven”, ejemplificó el fiscal.
Sobre el criterio utilizado para dejar preso a un imputado, el funcionario judicial explicó: “En nuestro sistema, la regla es la libertad durante el proceso y la excepción la detención. Los parámetros para dejar detenido a alguien no son novedosos, ni de la doctrina Zaffaroni. Son de la Corte de 1908. Las excepciones son el entorpecimiento a la investigación, que esté prófugo, que no tenga un domicilio, arraigo, familia. Todo con el fin de asegurar el sometimiento al proceso penal. Pero esa detención siempre tiene que ser proporcional al delito que se comete. En robo simple, como los arrebatos de motochorros, la pena es de 1 mes a 6 años de prisión. Vos no lo podés tener encerrado 6 meses si la condena después es de dos. Entonces ahí entra el criterio del fiscal o del juez”.
Un juez penal dijo: La libertad ambulatoria es el principio rector en el proceso penal. Por supuesto que hay un margen discrecional y por ahí puede llegar a estar la posibilidad de someter con más o menos tiempo a alguien a una detención”.
Luego de la polémica por los casos de motochorros que quedaron libres en pocas horas, el magistrado apuntó: “Hay una parte del imaginario colectivo que cree que los jueces estamos para ‘liberar delincuentes’ nada más, y el trabajo cotidiano es bastante más que eso. Todos los que conformamos el sistema judicial no dejamos de ser parte de esta misma sociedad que sufre el delito cotidiano. Pero no podemos apartarnos de la ley. Eso sí nos pone en una inconducta que puede generar tu remoción”.
Como se dijo, los motochorros son un problema hace una década. En 2010 cuando hubo dos casos que marcaron un antes y un después. El de Agustín Sartori (18), que fue atropellado por motochorros que escapaban de dos robos en Las Cañitas, y el de Carolina Píparo, la mujer embarazada de 8 meses baleada en una salidera bancaria en La Plata. Por aquel ataque, Isidro, el bebé que gestaba, murió.
Por el caso Píparo se instalaron mamparas en las cajas de los bancos y se sacó a los policías de las sucursales para reforzar la vigilancia en la calle, donde se terminaban concretando las salideras. Así se pudieron reducir esos casos puntuales. Pero a los motochorros nunca se les encontró la vuelta.
Ahora la Legislatura bonaerense trabaja en un proyecto que presentaron los diputados de Cambiemos Matías Ranzini y Píparo en abril del año pasado para obligar a los motociclistas a llevar la patente impresa en el casco y en un chaleco reflectante, que será obligatorio en las zonas donde cada municipio determine. Recién a fin de año logró dictamen, pero con modificaciones. Una de ellas es que como en Capital, el chaleco con la patente estampada será obligatorio solamente para los acompañantes.
En Capital, donde la ley está vigente, se cumple poco. En apenas un corte de semáforo, contabilizó 32 motos en la 9 de Julio. En siete viajaba un acompañante. Solamente tres tenían chaleco, pero ninguno con la patente estampada. Según datos de la Dirección de Tránsito y Transporte, el año pasado se infraccionó a 4852 motociclistas por falta de chaleco. Este año hubo 640 multas. Además, en enero comenzaron a funcionar brigadas motorizadas en las zonas más calientes y ya hubo 97 detenidos.
En Provincia aseguran que reforzaron los operativos contra los motochorros desde abril del año pasado. En los controles se identificaron más de 3 millones de motos. De esas, 12 mil fueron secuestradas por delitos y se labraron 78 mil infracciones. Según informaron, la semana pasada reforzaron la prevención en puntos estratégicos y aprehendieron a 903 personas en el Conurbano y la Costa.
En la Justicia también tienen propuestas: “Una modalidad es el alquiler de motos para delinquir. Si se va a la casa del que ‘presta’ esas motos, se lo detiene por participación primaria y se les secuestra todas las motos, ya no es rentable. Después se puede imputar por asociación ilícita y quedan presos. Pero no se puede con la ley de flagrancia”, dijo un fiscal.
